Sobre el conflicto de Argen Pesca.
No es primicia que
Mar del Plata, la llamada “Ciudad Feliz”, es la capital de la desocupación y el
trabajo en negro. Tampoco es noticia nueva que el puerto marplatense concentra
gran parte de ese trabajo no registrado.
Esta vez, el
conflicto que destapó nuevamente la olla de la precarización es el que vienen
sosteniendo desde hace tres meses los trabajadores y trabajadoras de ARGEN
PESCA S.A.
Esta historia
comienza el pasado 9 de diciembre de 2014 cuando el dueño de la fábrica coloca
un cartel de venta. Los trabajadores alertados comienzan a reclamar por los
años de antigüedad y su situación por
demás irregular. Durante más de 10 años han trabajado en condiciones de alta
precarización no solo porque están sujetos a una relación laboral basada en el
fraude y la simulación que significa la cooperativa “trucha” sino también por las condiciones de seguridad.
La ayuda del
sindicato de obreros de la industria del pescado (SOIP) es bien recibida y se
decide con ellos bloquear el acceso al Parque Industrial. Allí los camiones no
pasan con las materias primas y los empresarios se reúnen exigiéndole al dueño
de Argenpesca, Jorge Giovannelli, que solucione el tema. Les preocupan sus
negocios, piden el desalojo. Finalmente se abre la planta y los trabajadores se
refugian en ella durante por 14 días.
Esta medida tiene
como resultado la firma de algunos acuerdos de miseria a partir de los cuales
reciben 1.200 pesos y bolsones de comida. No hay intervención del Estado, ni el
Municipio, ni de los Ministerios de Trabajo. Los acuerdos se firman en el estudio
jurídico del abogado de la empresa.
Esta maniobra de
distracción surte buenos efectos para los empresarios. Dentro de la planta se alojaban
1700 barriles y 500 latas de 5 y 10 kgs de
pescado listo para exportar. Cada
barril es de 340 kg., el precio se calcula en euros y aunque desactualizado el
dato es que el kilo sale de Mar del Plata a 12 euros. El empresario
ingresa y retira toda la producción desalojando también a la gente.
Llegaron las
fiestas. El 23 de diciembre dejan la planta y aguardan por la audiencia que
solicitaron al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
Se realizaron audiencias
en las oficinas de los Ministerios de Trabajo de nación y de provincia, en las
fiscalías de mediación penal y en todas la respuesta fue que su reclamo debía
hacerse por las vías legales correspondientes, o sea un juicio laboral a
Giovanelli, quién para ese momento ya tenía declarada la quiebra y vendida toda
la producción.
Mientras tanto, en
aquel impase de las festividades, un grupo de 12 trabajadores contacta al
gobernador Scioli en un acto público y piden su intervención, se las prometió.
Ya pasó más de un
mes y medio del inicio de la toma de la sede del Ministerio de Trabajo de la
provincia, las más de 90 familias que allí se encuentran luchando para que el
conflicto se destrabe con una salida laboral genuina, no han obtenido otra
respuesta que la represión y el encierro por parte de la gendarmería y los
oídos sordos de distintos funcionarios tanto de Nación como del Municipio.
Lo que está
ocurriendo con los trabajadores de ARGEN PESCA no hace más que poner de
manifiesto lo que ya se sabe. Las altas tasas de ganancia de las empresas
procesadoras y exportadoras de pescado se ven aún más fortalecidas por la
explotación laboral. Trabajo en negro, cooperativas truchas formadas por los
mismos empresarios, trabajo a destajo y hasta explotación infantil son una
constante en el Puerto de Mar del Plata. Está claro también que esto ocurre con
el consentimiento y la participación de funcionarios tanto de Nación como de
Provincia y del Municipio. La ausencia casi total de inspecciones sanitarias y
del Ministerio de trabajo y el preaviso en caso de que estas ocurran son claros
ejemplo de este entramado.
Actualmente el
conflicto fue llevado a la justicia penal, encontrándose en la etapa final de la
mediación, cuando en realidad lo que los trabajadores y trabajadoras exigían
era que funcionarios cumplan con sus obligaciones y den respuesta a la
problemática que no es penal sino de índole laboral.
Fotos: Federica González.
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