Algunos aportes a la discusión sobre la (In)seguridad y la Policía
Local
Si hay algo
que se destaca en estos tiempos plagados de incertidumbres es que la cuestión
de la (in)seguridad está instalada en el centro de la batalla política.
Los Partidos Políticos tradicionales se rasgan las vestiduras por conseguir
mayor “clientela electoral” que la inseguridad les ofrece. El gobernador Scioli
y el Ministro de Seguridad, Alejandro Granados, ante la inexistente fuerza
social territorial que los sustente, buscan garantizar su presencia en las
calles de la mano de la estructura armada de la Policía Bonaerense. Por eso que
este año, con el inconstitucional decreto de emergencia en seguridad, ampliaron
en forma descomunal la institución Policial, que nuevamente aumenta su fuerza
operativa y difusión en las calles. Pero la policía no es solo una fuerza
represiva, sino un ente recaudador, que permite generar “cajas” para el poder
político y policial. Así, más policías sin cambios estructurales significan más
“cajas” que sustentan y generan el delito, como así también mayor violencia en
el territorio.
Sin embargo,
partiendo de este contexto, todo intento de reforma policial o del sistema de
seguridad, se hace desde la óptica (simplista a nuestro entender) del incremento
de la inseguridad como mero aumento de hechos delictivos.
Sumado a
esto, no se puede dejar de señalar que las operaciones mediáticas fueron
construyendo fuertes cambios en el tratamiento de la “noticia policial” con el
propósito de instalar y naturalizar un estilo narrativo sensacionalista que no
hace más que reforzar la estigmatización de la pobreza, apuntando
principalmente a la juventud y a los inmigrantes. Se hace necesario entonces
mecanismos de regulación de la noticia policial, con la misión de construir una
comunicación no violenta.
Estas
miradas, que dan cuenta de la inseguridad a partir de la criminalización de la
pobreza, pierden de vista que gran parte de los delitos (económicos,
financieros, sexuales, etc.) involucran a sectores sociales de alto poder
político y económico.
Sin embargo,
las “causas estructurales” de la inseguridad no pueden ser entendidas por fuera
de los grandes negociados actuales (ilegales o informales) que forman parte del
“modelo”: el lavado de dinero, la economía en negro, la trata de personas, el
narcotráfico, los excedentes del agronegocio; como así tampoco del negocio de
la seguridad privada, del fútbol, del financiamiento de los partidos políticos
tradicionales, etc. Si a eso le sumamos la violencia potencial que engendra una
sociedad que pondera el acceso a ciertos bienes de consumo como sinónimo de
bienestar, y ha construido buena parte de sus identidades en esa relación con
el mercado, las condiciones para un marco violento están dadas.
En suma, los
negocios millonarios y el papel de las fuerzas de seguridad (sumado al de
ciertos funcionarios políticos) constituyen el nudo mafioso –y menos visible-
de ese pedazo de realidad que nombramos a diario con la palabra inseguridad.
Por eso, los discursos que alientan las medidas represivas como la única
solución no hacen más que reforzar la idea de peligro, de miedo, la
estigmatización y la segmentación social, y mantienen a salvo y aisladas las
verdaderas causas de este fenómeno.
Dentro de
este escenario, tras el fracaso de Acción Marplatense en su intento por crear
una Policía Municipal autónoma de la Policía Bonaerense, hace varios días que
en la Comisión de Legislación y en el Concejo Deliberante se están
discutiendo los pormenores para la puesta en marcha de la Policía Local. Es
importante entender que, introducir en la ciudad de Mar del Plata 700 efectivos
policiales, puede conducir a los territorios más vulnerables a vivir
acrecentamientos de la violencia que todavía no conocemos. El desmadre está al
alcance de la mano.
La
comisarización de la política vs. modelo de seguridad democrática.
El proyecto
de ordenanza en tratamiento para la creación de la Policía Local, que adhiere
al régimen de Policía Local dictado por decreto por el Gobernador Scioli está,
en parte, "atado de manos" para plantear discusiones estructurales y
de fondo sobre la creación de esta fuerza de seguridad.
De todas
maneras, dentro del margen que queda a los municipios, entendemos que en el
caso de la ordenanza de Mar del Plata existen avances, respecto a la formación
que reciba el cuerpo policial en la Escuela Municipal de Seguridad Local, como
así también en relación a la importancia del análisis e investigación tanto de
la actuación policial como de los delitos y las violencias.
No obstante,
son preocupantes varios aspectos, entre ellos que no se prevea la limitación
temporal al horario de trabajo para la portación del arma reglamentaria. Esto
significa mantener el estado policial permanente, sabiendo que muchos
homicidios los cometen policias fuera de su horario de trabajo con las armas
reglamentarias. También consideramos alarmante el hecho de que la Municipalidad
solo elija al Jefe para la fuerza y la dependencia laboral siga en manos del
Ministerio de Seguridad provincial, quien gestiona la Policía Bonaerense, una
de las más violentas del país.
Así mismo, el
control de la Policía Local que incluye la ordenanza es desterritorializado, en
abstracto, porque en los barrios populares, donde existe la mayor afectación de
la violencia policial, no habrá nadie que ponga los frenos necesarios. Si el
Estado Municipal no genera ocupación social, es decir, equipos de trabajo
idóneos que trabajen las conflictividades antedichas, la Policía Local no va a
ser efectiva cuanto al descenso de los niveles de violencia.
Nos preocupa
que después de varios años de tomar medidas en relación a la seguridad, el
Gobierno Local solo las haya hecho en el sentido policialista de siempre y sin
tener un plan explícito a largo plazo, que es como deberían planificarse todas
las políticas públicas, sea cual fuere su competencia. Un proyecto de seguridad
que focaliza en la intervención policial y no logra entender la problemática y
el entramado de conflictividades que generan violencia, administra y maneja la
política de seguridad como lo hacen las comisarías, no se recupera la conducción
política, sino que se policializa la conducción que se propone.
La mayoría de
las muertes violentas en la ciudad, expresan que no hay mecanismos efectivos ni
inmediatos para destrabar conflictividades entre grupos y personas,
conflictividad que se va profundizando a lo largo de los años. La policía llega
después de que se concretó la violencia y los mecanismos para evitarla directamente
no existen.
Es así que,
ampliar la visión sobre la violencia en la ciudad, en relación a lo que propone
el Modelo de Seguridad Democrática, consiste en invertir fuertemente en el desarrollo
social. Lo acotado de la perspectiva municipal se refleja diariamente en las
calles, que cada día se ven más saturadas de policías. El Estado organiza esos procesos
de saturación, como el megaoperativo “SOL”, pero no organiza megaoperativos
sociales para abordar las conflictividades diarias, que seguro resulten más pacificadores
y menos costosos. Con dispositivos (oficinas con profesionales idóneos y
referentes territoriales) ubicados en las barriadas, que tengan como misión
fundamental abordar los distintos y diversos derechos que son cotidianamente
vulnerados, en relación a las problemáticas penales, de indocumentación,
condiciones habitacionales, de violencia institucional, violencia de género y
seguridad social y laboral, entendemos que se conseguirán mejores resultados.
Estos
dispositivos deberían asesorar, organizar en forma efectiva las problemáticas que
le lleguen y motorizar la articulación interinstitucional necesaria para
resolverlas. En fin, crear un puente de
acceso a la Justicia Social a las barriadas de la ciudad.
La política
de seguridad municipal no logró trascender la visión policial de la
problemática criminal, mucho menos aún logró hacer efectivos abordajes
integrales de las situaciones de violencia y derechos vulnerados en la ciudad
de Mar del Plata. Cuando desde el Municipio se plantea hacerse cargo de esa
política, se arrastra la idea de considerar que la seguridad es igual a la
policía, perdiendo en el camino, que la seguridad entendida como derecho significa
mayor acceso a la justicia, mayor acceso al Estado.
Sin un
Municipio que se inmiscuya en las culturas y dinámicas sociales de las
barriadas de la ciudad, y co-gestione con ellas las conflictividades que de
ellas emergen, la violencia será una constante que siga en aumento. Desde
Patria Grande, entendemos que a la seguridad como un derecho hay que bailarla
al ritmo de la cumbia y sin gorra.
Eugenia Tommasi del Movimiento Popular Patria Grande, Abogada y trabajadora judicial.
Eugenia Tommasi del Movimiento Popular Patria Grande, Abogada y trabajadora judicial.
