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sábado, 21 de marzo de 2015

El Derecho a la Ciudad y la Urbanización de Villa Evita.

El problema habitacional en la ciudad de Mar del Plata no es novedad; la vulneración del derecho a una vivienda y hábitat digno, consagrado constitucionalmente, se ha convertido en una constante. Producto del gran crecimiento demográfico y de, entre otras cosas, falta de planificación y de políticas públicas serias, gran parte de los sectores populares se encuentran viviendo en las periferias la ciudad en condiciones muy precarias, excluidos y excluidas de la “ciudad” a la que también pertenecen.
El barrio Villa Evita de la ciudad de Mar del Plata no es la excepción. Una villa que en la cual viven más de 400 familias, está asentada sobre terrenos del ferrocarril, fiscales y privados, en condiciones intolerables para cualquier persona, desde hace ya mucho tiempo se encuentra luchando por la urbanización de su barrio y por una vida más digna.
En el año 2010, el Concejo Deliberante sancionó mediante la ordenanza Nº 19.994 la creación del “Programa de urbanización, regularización Dominal, Mejoramiento Habitacional y Desarrollo Social del asentamiento denominado Villa Evita” que no hace falta decir, fue letra muerta apenas ser sancionada.
Luego de casi 5 años de olvido por parte del Estado Municipal, y en una coyuntura en la cual el Gobierno Nacional se anunciaba “La Urbanización de 100 villas” en todo el país, a través del programa “PADRE CARLOS MUGICA” y entre ellas “Villa Evita”, es que deciden (sobre tablas y luego de una sesión por demás extensa) sancionar una nueva ordenanza. Es así que el jueves 23 de octubre de 2014 sancionan la ordenanza que crea la “Mesa de Gestión y Planeamiento Multidisciplinaria y Participativa para la Urbanización de Villa Evita” para el diagnóstico, propuesta, planificación y seguimiento de la ejecución de las políticas sociales habitacionales, teniendo como tarea principal diseñar los lineamientos generales de un programa integral de urbanización y transformación definitiva del barrio.
Esta mesa, conformada por autoridades municipales de OSSE, ENVIAL y Desarrollo Social, Concejales de diversos bloques, la escuela Nº19, el Colegio de Técnicos, la UNMDP,  el programa Atajo, diversas organizaciones sociales y fundamentalmente los propios vecinos y vecinas, empezó a funcionar gracias a la organización y presión ejercida por los propios damnificados, tratando de ir poniendo en marcha los mecanismos y esfuerzos necesarios para lograr el tan ansiado objetivo.
Desde Patria Grande, más allá de nuestro trabajo diario en el territorio impulsando la organización y creando espacios de construcción de poder popular a partir del funcionamiento de la Asamblea y el programa de radio “El Pueblo se hace escuchar”, venimos acompañando a los vecinos y vecinas, a partir de la conformación de un equipo técnico, mediante el cual formamos parte de esta Mesa Ejecutora, tratando de llevar la voz de la organización, impulsando todas sus iniciativas y propuestas.
Es muy grande el desafío que hoy tenemos por delante. Entendiendo siempre a la vivienda como un derecho y no como un negocio, y a la ciudad como un producto histórico social resultante de intereses y valores sociales en pugna, tenemos en claro que esta lucha por la urbanización, que hace tiempo comenzamos y hoy tenemos la posibilidad de concretar en pos de una vida más digna y más equitativa, no será posible sin la participación popular y la organización de los vecinos y vecinas de Villa Evita.
Además de la importancia en la participación, también consideramos que deben ser los vecinos y vecinas organizados en cooperativas populares de trabajo las que realicen el trabajo de levantar nuevamente el barrio, para que no quede en manos de empresas constructoras, que con la complicidad del Estado realizan grandes negocios en perjuicio del pueblo.
Desde patria grande entendemos que, la única herramienta capaz de transformar nuestra ciudad es la “organización popular”. Concebimos el “derecho a la ciudad, y la urbanización” como un todo integral, no solo la tierra y la vivienda, sino también los servicios, la educación, la infraestructura, la recreación, el transporte, el trabajo, el medio ambiente, la cultura, etc., porque aspiramos a construir “hogares” no casas, no conjuntos habitacionales sino barrios con espacios colectivos donde fomentar la organización popular.



Sobre lo trucho y lo real en la política Marplatense.

En tan solo cuestión de horas dos casos de corrupción en los cuales están involucrados integrantes de dos de las fuerzas políticas más importantes de la ciudad, Acción Marplatense y la Unión Cívica Radical, han concitado el interés de los medios de comunicación y de la ciudadanía en su conjunto. El caso de las "licencias truchas" se reavivó la semana pasada al producirse un nuevo allanamiento en el distrito descentralizado de El gaucho y conocerse las declaraciones de dos supuestos arrepentidos que habrían vinculado directamente en el caso al director de Movilidad Urbana, Guillermo Iglesias, y al Secretario de Seguridad, Adrián Alveolite. El radicalismo pidió la renuncia de ambos funcionarios y trató de vincular directamente al Intendente Pulti en los hechos investigados. Acción Marplatense respondió acusando a Vilma Baragiola de ser poseedora de una licencia tramitada irregularmente.
Baragiola es un blanco fácil al momento de dirigir los ataques debido, por un lado, a que es claramente la principal figura radical con aspiraciones de suceder a Pulti en la intendencia pero sobre todo por el episodio en el cual fue "escrachada" a través de una cámara oculta negociando el trámite del expediente del chalet de camioneros a cambio de algunos favores políticos de parte de la familia Moyano. Los méritos de Vilma al momento de sembrar desconfianza en su figura son incuestionables.
A esta lógica de la política, de miserias e ineptitudes, se agregó la detención del abogado Mariano Castellucci, histórico militante de la Franja Morada (la UCR en la universidad) en el marco de la causa denominada "Carbón blanco" en la cual se investiga el tráfico de casi 1000 kilos de cocaína a Europa. Castellucci está acusado de asociación ilícita y lavado de activos que se presume, han financiado diversos emprendimientos inmobiliarios en nuestra ciudad.
El titular de la UCR local, Daniel Nuñez, afirmó a la prensa que Castellucci es "un afiliado más". Nuñez miente. Castelucci ocupó, hasta su detención, el cargo de Mayor Contribuyente representando al partido del cual es afiliado y en el cual también se desempeñó como integrante de la Junta Electoral. El abogado detenido también se desempeñaba como subsecretario Legal y Técnico de la Universidad Nacional de Mar del Plata, cargo político al que arribó a partir de los acuerdos entre al radicalismo y el Partido Socialista al cual pertenece el rector Francisco Morea. No creemos que estos cargos sean habitualmente ocupados por un "afiliado más".
Quienes tuvieron la responsabilidad de gobernar el partido de General Pueyrredón durante 28 (20 la UCR y 8 AM) centran sus debates de cara a la sociedad en una suerte de pugna por definir quien tiene más o menos funcionarios y militantes involucrados en hechos de las características antes mencionadas. Nada de ideas, propuestas ni compromisos reales para resolver los problemas estructurales que nos aquejan como pueblo. El trabajo, la salud, la vivienda, la educación y el transporte no son ejes de disputa entre los referentes de las principales fuerzas políticas, más ocupados en los "carpetazos" y denuncias mediáticas que en trabajar en aquello para lo cual fueron elegidos.
Sobre lo trucho y lo real.
El término "trucho" se incorpora a la lengua popular y política el 26 de marzo de 1992, cuando la Cámara de Diputados estaba convocada para aprobar el marco regulatorio de la privatización de Gas del Estado y el bloque del PJ utilizó a seis personas que no eran diputados para alcanzar el quórum necesario para sesionar y dar fuerza de ley al remate de una de las más importantes empresas estatales. Desde ese momento esta simpática palabrita se utiliza para describir algunas actitudes bastante habituales en quienes deben administrar y gestionar lo público.
Truchas no son sólo las licencias de la banda de Belmonte. Trucho es el "boom" de la construcción de espantosos edificios de durlock y aluminio financiados con fondos provenientes del crimen organizado que vienen a ocupar los lugares que dejan, a fuerza de martillazos y embates de la especulación inmobiliaria,  construcciones que formaban parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad.
Truchos son los políticos que bajo el argumento del "fomento a la iniciativa privada" otorgan todo tipo de privilegios a empresarios que sacan  el mayor provecho posible a la ciudad con los mayores índices de desocupación y trabajo no registrado.
Truchas son las cooperativas con las cuales los pulpos del puerto negrean a miles de hombres, mujeres y pibes desde hace más de dos décadas ante la complicidad criminal de funcionarios locales, provinciales y nacionales.
Truchos son los dirigentes gremiales que dócilmente entregan, a cambio de algunos pesos, derechos que en muchos casos costaron las vidas de compañeros y compañeras en históricas luchas.
Truchas son las causas armadas en la comisaría cuarta por las cuales fueron condenados tres policías, entre ellos un comisario y un subcomisario de la maldita bonaerense.
Truchas son las campañas de las fuerzas políticas tradicionales que subestiman nuestra capacidad crítica y venden impresentables candidatos como si fueran productos de limpieza.
Lo trucho parece ser la medida de todas o de casi todas las cosas relacionadas a lo político. Debemos resistir tenazmente esta idea reivindicando a la verdadera política como la única fuerza capaz de evidenciar lo trucho y relegarlo al sitio que merece, es decir, lejos de los lugares de decisión que afectan y modifican nuestras vidas. 

Desde Patria Grande entendemos que en un año de importantes definiciones para el futuro de nuestro país y nuestro pueblo se hace absolutamente necesario utilizar toda nuestra capacidad y la experiencia acumulada para diferenciar lo trucho de lo real y entender que buena parte de ese futuro todavía está en nuestras manos.

A 39 años del Golpe Cívico-Militar.

Avances, retrocesos y deudas con la democracia.

Por Eduardo Layus del espacio de Derechos Humanos de Patria Grande.

En los próximos días se cumplen 39 años del comienzo de la Dictadura Cívico-Militar, que instituyó en nuestro país el Terrorismo de Estado y sentó las bases del modelo neoliberal que se consolidó en la década del 90 con las presidencias de Carlos Menem y Fernando De la Rúa, que llevó a nuestro país a la peor crisis de su historia en el año 2001.
El rol del imperialismo norteamericano en las Dictaduras del Cono Sur
Con la llegada violenta de Videla y Martínez de Hoz al poder, nuestro país se sumó a la triste lista de países que, en el marco del Plan Cóndor impulsado, diseñado y financiado por los Estados Unidos, asoló Nuestramérica. En el contexto actual que vive nuestro Continente es fundamental tener presente y vivo en la memoria el rol del imperialismo norteamericano en la institución de los procesos dictatoriales y del neoliberalismo en nuestros países, porque con remanidos discursos hoy atravesamos amenazas e iniciativas que vuelven a poner en escena el intervencionismo norteamericano, y su afán expansionista.
En ese sentido, no se pueden obviar las sanciones impuestas por el Presidente Barack Obama (Premio Nobel de la Paz, para mayor ironía) a funcionarios del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Estado soberano al cual ha calificado como una “amenaza inusual y extraordinaria para la Seguridad Nacional”, como así tampoco pueden pasarse por alto las ofensivas reaccionarias y conservadoras contra los Gobiernos que, con sus matices y diferencias, han intentado desarrollar un camino de autonomía frente al poder Imperial, y de reforzamiento de la unión de Nuestramérica. Remarcamos esto, porque este tipo de resoluciones son conocidas porque preceden a diversas formas de desestabilización de los Estados Unidos contra nuestros países, y es necesario estar alertas para evitar, con organización y solidaridad, que el Imperialismo intente posar sobre nuestras tierras sus sucias botas manchadas de sangre.
El castigo a los Genocidas: avanzar contra los autores civiles del Genocidio.
Desde la “Marcha del No” contra los indultos de Menem, allá por 1989, nuestro Pueblo fue construyendo el sentido de la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos por el Terrorismo de Estado, sentido éste que, en el devenir de la década del 90 en el marco de las luchas contra el neoliberalismo, formó parte de todas las reivindicaciones y exigencias de los sectores populares.
A partir del año 2003, esta exigencia de “Juicio y Castigo” fue asumida por el Estado nacional y el Gobierno de Néstor Kirchner, a partir del acto simbólico de descolgar el cuadro de Videla y avanzar en la anulación de las Leyes de Impunidad, en base al proyecto de derogación de las Leyes Obediencia Debida y Punto Final presentado por la Diputada (mandato cumplido) Patricia Walsh; política ésta continuada durante los dos mandatos de la Presidenta Cristina Fernández.
Así, el hecho de que más de 2.624 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, estén involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado al día de hoy, y el hecho de haber más 250 juicios en marcha y/o realizados, ubica a nuestro país en la vanguardia internacional en la persecución penal de estos delitos. Todo esto es para nosotros y nosotras un orgullo y una conquista que, entendemos, deberemos profundizar y continuar durante los próximos años, contra los intentos de los sectores conservadores de nuestro país que vuelven a insistir con la idea de la reconciliación y el perdón de los Genocidas.
Pero a pesar de estos avances conquistados, observamos con preocupación, y rechazamos, las dilaciones y negativas de sectores de la Justicia Federal que se rehúsan a avanzar en el juzgamiento de la pata civil de la Dictadura, de aquellos que promovieron la instauración del modelo neoliberal. Porque, como bien indicó Rodolfo Walsh en su conocida “Carta Abierta”, “(...) En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. (…)”.
Así, la falta de mérito resuelta en tiempo record respecto a Pedro Blaquier por la “Noche del Apagón” en el Ingenio Ledesma de Jujuy, al igual que la negativa a indagar a los dueños del Grupo Clarín y del diario La Nación por su responsabilidad en la apropiación de “Papel Prensa”, así como también la falta de mérito dictada en la causa que se le seguía Vicente Massot dueño y director del diario de Bahía Blanca “La Nueva Provincia”, bastan como “botón de muestra” de las dificultades que vamos a enfrentar para lograr el juzgamiento de quienes promovieron y se beneficiaron con el terrorismo de Estado.
En nuestra ciudad, durante este año esperamos se realice el juicio por la llamada “Causa CNU”, en la cual se deben juzgar los crímenes cometidos por la Concentración Nacional Universitaria –banda que, una vez iniciada la Dictadura, se incorporó a la Triple A-, en venganza por la muerte de Ernesto Piantoni, la mano derecha en Mar del Plata de José López Rega. En relación a esta causa, no podemos menos que expresar nuestra preocupación en las dilaciones que vienen sucediendo en la misma y por los atentados que sufrieron las dos librerías (una en La Plata y otra en nuestra ciudad) en las cuales se presentó el libro “La CNU” de  Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal, hechos que son una muestra clara de la impunidad con la cual sigue actuando.
Terminar con la herencia neoliberal es el mejor homenaje a nuestros caídos
A pesar de todo lo que se ha avanzado en estos últimos 10 años en materia de juzgamiento del Terrorismo de Estado, la desaparición de Jorge Julio López, la de Luciano Arruga y su aparición como “NN” 5 años y 8 meses después de iniciada su búsqueda, así como la gran cantidad de muertos por Gatillo Fácil desde la vuelta de la Democracia y las torturas y vejaciones que se siguen padeciendo en los lugares de detención, son indicadores de la pervivencia, en distintos estamentos de los Estados Nacional y Provinciales, de personas, prácticas y discursos que nada tienen que ver con la Democracia y el respeto de los Derechos Humanos.
Por esas razones, entendemos que el mejor homenaje que podemos hacer hoy a los compañeros y compañeras desaparecidos por la Dictadura Cívico-Militar es apoyar y exigir transformaciones de fondo del aparato represivo de los Estados Nacional y Provinciales, así como también la desarticulación de las políticas de criminalización de la protesta social, expresadas en los más de 4000 procesados por defender sus derechos en todo el país, y terminar con el andamiaje jurídico que aún pervive de la Dictadura, dentro del cual la Ley de Entidades Financieras es quizá su muestra más cabal.

Porque no olvidamos, no perdonamos ni nos reconciliamos, y continuamos la lucha por el Socialismo, el Socialismo del Siglo XXI: popular, democrático, nuestroamericano y ecosocialista.


sábado, 14 de marzo de 2015

Adhesión a la declaración de la Mesa contra la Violencia Institucional

Violencia en las cárceles y en las calles.

Desde el Espacio de Derechos Humanos de Patria Grande adherimos al comunicado de la Mesa contra la Violencia Institucional de Mar del Plata y sumamos algunas reflexiones al respecto.
La violencia es todo aquello que crea las condiciones para la muerte. En ese sentido, entendemos que la actual ampliación del sistema penal, producto de la declaración de emergencia en seguridad decretada por el Gobernador Scioli en abril de 2014, sembró en la provincia de Buenas Aires mayores condiciones para la muerte.
Según un informe del Centro de Estudio Legales y Sociales sobre las consecuencias de la declaración de emergencia, con ella aumentó el grado de letalidad de la Policía Bonaerense generando una muerte cada cinco enfrentamientos. Además durante el 2014 la provincia tuvo el nivel de encarcelamiento mas alto de los último 15 años, con una superpoblación de alrededor del 70%. Vale recordar, que las cárceles son llenadas de jóvenes y pobres, ningún gran empresario evasor ni quienes manejan la trata de persona o el narcotráfico padecen el hacinamiento y las vejaciones que se sufren en las cárceles.
Las políticas de mano dura implementadas demuestran nuevamente su fracaso, ya que no lograron disminuir los niveles de violencias sociales pero si aumentó considerablemente la que el propio Estado ejerce, por medio de las policías y cárceles provinciales, sobre los sectores pobres y más excluidos.
Desde Patria Grande no nos cansamos de repetir que los niveles de violencia social, se reducen con Justicia Social, Justicia Social y más Justicia Social.
Declaración: http://www.0223.com.ar/nota/2015-3-12-batan-15


lunes, 9 de marzo de 2015

Emergencia sanitaria: conflictos en sanatorios locales y en el sistema de salud público.

Conflictos en sanatorios locales y en el sistema de salud público.

En las últimas semanas fueron nota de tapa de los diarios y portales de noticias locales los conflictos laborales en el Sanatorio Central EMHSA y el Sanatorio Belgrano, también lo fueron los inconvenientes que se podrían generar en el Sistema de Salud si ambos sanatorios cerrasen definitivamente.
Nuestra ciudad, en las últimas dos décadas, dejó de tener varias clínicas o sanatorios. Ya no tienen sus puertas abiertas la Clínica Modelo, la Clínica Central, el Hospital Ferroviario, la Clínica Libertad o el área de Internación del Instituto Nacional de Epidemiología, entre otros. Algunos se transformaron en geriátricos, otros en policonsultorios o centros especializados pero la realidad nos indica que en la ciudad contamos con 259 camas menos.
Así llegamos a una situación actual en la cual la sumatoria de camas del sector público y privado dan un total aproximado de 1400, siendo Mar del Plata una ciudad con una población de 618.989 habitantes.
En este contexto de conflicto, muchas voces se han alzado en relación a si resultaría conveniente o no construir un hospital municipal o si el Estado debe intervenir en la expropiación de las entidades en riesgo de cierre o grandes recortes.
Desde Patria Grande creemos que es el Estado, en sus diferentes niveles, el que debe hacerse responsable del sistema de salud e intervenir de forma activa para garantizar el acceso al más esencial de los derechos. No puede delegarse esta responsabilidad en sanatorios privados cuyo principal objetivo es el lucro, cuando de lo que estamos hablando es de la vida y de la calidad de vida de nuestro pueblo.
Por eso, la discusión o reflexión debe ser más amplia que limitada a los conflictos actuales y se trata de sobre el modelo de sistema de salud que queremos. Desde Patria Grande entendemos que hay que dar la discusión sobre los motivos que llevaron a que se encuentren en conflicto el EMHSA o el Sanatorio Belgrano pero también sobre la situación permanente que se vive en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), que no solo está abarrotado de pacientes, sino también con falta de materiales, camas y demás insumos necesarios para la atención de la salud y en una situación laboral de precarización, tanto por cuestiones salariales como por las condicionales de trabajo.
Estos conflictos en el sistema de salud tienen, al menos, dos causas. Primero y principal el problema presupuestario. El gobierno provincial de Scioli destinó en el presupuesto 2014 para el Ministerio de Salud $12.211.287.460, que comparado con lo destinado al Ministerio de Seguridad es un 15% menos y en torno a la creación de cargos para salud se destinaron 3500 y para seguridad 6000, casi el doble.
Pero las causas no se limitan a lo financiero, sino también hay que buscarlas en el abordaje que se hace con la población sana. Debería ser una política de Estado, buscar que la mayoría de las personas no evidencien cuadros agudos que requieran la utilización de los servicios de salud. Esto tiene que ver con la perspectiva desde la cual se aborda la salud. En América Latina y el Caribe la población padece de enfermedades denominadas crónicas no transmisibles que se asocian con estilos de vida y que conllevan a que la gente padezca hipertensión arterial, diabetes y obesidad entre otras, y otras enfermedades que se asocian a la pobreza como la tuberculosis, el mal de Chagas, etc.
Entonces, la discusión debería ser anterior a pensar si es necesario más hospitales, pasa por pensar un Estado que garantice la Atención Primaria de la Salud para prevenir y así no llegar a necesitar de grandes hospitales para problemáticas severas. Para nosotros y nosotras pasa por pensar en transformar al Estado en uno que garantice el Buen Vivir de nuestro pueblo donde cada familia tenga acceso a los servicios básicos, a una vivienda digna, a una alimentación adecuada, al deporte, la cultura y la educación, haciendo del trabajo un derecho respetado y que dignifique.



sábado, 7 de marzo de 2015

Negocios millonarios y miles de explotados. Las dos caras de la misma moneda.

Sobre el conflicto de Argen Pesca.

No es primicia que Mar del Plata, la llamada “Ciudad Feliz”, es la capital de la desocupación y el trabajo en negro. Tampoco es noticia nueva que el puerto marplatense concentra gran parte de ese trabajo no registrado.
Esta vez, el conflicto que destapó nuevamente la olla de la precarización es el que vienen sosteniendo desde hace tres meses los trabajadores y trabajadoras de ARGEN PESCA S.A.
Esta historia comienza el pasado 9 de diciembre de 2014 cuando el dueño de la fábrica coloca un cartel de venta. Los trabajadores alertados comienzan a reclamar por los años de antigüedad  y su situación por demás irregular. Durante más de 10 años han trabajado en condiciones de alta precarización no solo porque están sujetos a una relación laboral basada en el fraude y la simulación que significa la cooperativa “trucha” sino también por las  condiciones de seguridad.
La ayuda del sindicato de obreros de la industria del pescado (SOIP) es bien recibida y se decide con ellos bloquear el acceso al Parque Industrial. Allí los camiones no pasan con las materias primas y los empresarios se reúnen exigiéndole al dueño de Argenpesca, Jorge Giovannelli, que solucione el tema. Les preocupan sus negocios, piden el desalojo. Finalmente se abre la planta y los trabajadores se refugian en ella durante por 14 días.
Esta medida tiene como resultado la firma de algunos acuerdos de miseria a partir de los cuales reciben 1.200 pesos y bolsones de comida. No hay intervención del Estado, ni el Municipio, ni de los Ministerios de Trabajo. Los acuerdos se firman en el estudio jurídico del abogado de la empresa.
Esta maniobra de distracción surte buenos efectos para los empresarios. Dentro de la planta se alojaban 1700 barriles y 500 latas de 5 y 10 kgs de  pescado listo para exportar.  Cada barril es de 340 kg., el precio se calcula en euros y aunque desactualizado el dato es que el kilo  sale  de Mar del Plata a 12 euros. El empresario ingresa y retira toda la producción desalojando también a la gente.
Llegaron las fiestas. El 23 de diciembre dejan la planta y aguardan por la audiencia que solicitaron al Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires.
Se realizaron audiencias en las oficinas de los Ministerios de Trabajo de nación y de provincia, en las fiscalías de mediación penal y en todas la respuesta fue que su reclamo debía hacerse por las vías legales correspondientes, o sea un juicio laboral a Giovanelli, quién para ese momento ya tenía declarada la quiebra y vendida toda la producción.
Mientras tanto, en aquel impase de las festividades, un grupo de 12 trabajadores contacta al gobernador Scioli en un acto público y piden su intervención, se las prometió.
Ya pasó más de un mes y medio del inicio de la toma de la sede del Ministerio de Trabajo de la provincia, las más de 90 familias que allí se encuentran luchando para que el conflicto se destrabe con una salida laboral genuina, no han obtenido otra respuesta que la represión y el encierro por parte de la gendarmería y los oídos sordos de distintos funcionarios tanto de Nación como del Municipio.
Lo que está ocurriendo con los trabajadores de ARGEN PESCA no hace más que poner de manifiesto lo que ya se sabe. Las altas tasas de ganancia de las empresas procesadoras y exportadoras de pescado se ven aún más fortalecidas por la explotación laboral. Trabajo en negro, cooperativas truchas formadas por los mismos empresarios, trabajo a destajo y hasta explotación infantil son una constante en el Puerto de Mar del Plata. Está claro también que esto ocurre con el consentimiento y la participación de funcionarios tanto de Nación como de Provincia y del Municipio. La ausencia casi total de inspecciones sanitarias y del Ministerio de trabajo y el preaviso en caso de que estas ocurran son claros ejemplo de este entramado.

Actualmente el conflicto fue llevado a la justicia penal, encontrándose en la etapa final de la mediación, cuando en realidad lo que los trabajadores y trabajadoras exigían era que funcionarios cumplan con sus obligaciones y den respuesta a la problemática que no es penal sino de índole laboral.



Fotos: Federica González.

Más de cien años de luchas.

8 de marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 

Por Julia Rugiero, del área de género de Patria Grande Mar del Plata.

Las fechas conmemorativas se transforman en convenciones a las que nos acostumbramos, en momentos que el mercado aprovecha, y muy eficientemente, para vaciar de contenido y aumentar el consumo y las ventas. Pero el 8 de marzo es una fecha muy especial, en la cual las mujeres y varones de Patria Grande salimos a la calle, junto con otras organizaciones, así como se hace en el mundo desde hace más de cien años.
Para valorar la fecha, es necesario hacer un poco de historia. Allá por el siglo XIX, cuando los partidos políticos modernos recién empezaban a conformarse, las mujeres socialistas se unieron, se organizaron y reclamaron. Exigían derechos laborales que les permitieran trabajar con dignidad y que contemplaran sus condiciones específicas; exigían derechos políticos iguales a los que tenían los hombres; exigían poder formarse profesionalmente y no ser discriminadas. En Estados Unidos, en Alemania, en Dinamarca, en Rusia, el sistema capitalista las oprimía aún más que a los trabajadores varones, y no se quedaron calladas. Y por no quedarse calladas, por ser insumisas, los dueños de las cosas, varones ellos, decidieron darles una lección de miedo y muerte. Y fue así como en Nueva York, cerca de 130 mujeres que trabajaban en una fábrica de camisas murieron quemadas, dentro del edificio donde habían iniciado una huelga. A partir de ese hecho, todos los años que siguieron se conmemora el Día de la Mujer Trabajadora, que se convirtió en Internacional en la década de 1970, y se recuerda a esas mujeres cuyo fuego sigue ardiendo.
A lo largo del siglo XX el movimiento de mujeres en el mundo siguió luchando, fue cambiando, logrando conquistas y derechos importantísimos aquí y allá. En la Unión Soviética, apenas victoriosa la Revolución de 1917, las mujeres establecieron el derecho al voto, al divorcio y al aborto. En América Latina, las mujeres de Uruguay fueron pioneras y establecieron estos mismos derechos antes de que promediara el siglo. A pesar de que la historia muchas veces intenta invisibilizarlas, ellas estaban ahí en cada hecho político y social de esos que cambian el mundo. Estaban en la resistencia de los pueblos indígenas, estaban durante las campañas victoriosas de los ejércitos patriotas de Nuestra América, estaban en la revolución mexicana y en la cubana, estaban en la Plaza reclamando por sus hijos y nietos. 
Hoy tenemos que lamentar que todavía falta mucho. Falta mucho para que la sociedad en que vivimos nos valore y reconozca nuestro trabajo, no nos discrimine, no nos agreda y no nos mate. En nuestro país, las mujeres tenemos peores trabajos que los hombres, somos las principales víctimas de la trata de personas, una de nosotras muere asesinada cada treinta horas en manos de un hombre. Además, todavía cargamos con el peso de un estereotipo social que nos dice que tenemos que ser heterosexuales, que tenemos que ser madres y vestirnos así o asá.  
La ciudad de Mar del Plata, que suele ganar récords que a nadie enorgullecen, también sufre en la actualidad problemas en relación a la brecha de géneros y a la segregación horizontal y vertical de las mujeres en sus lugares de trabajo. Si bien en las últimas décadas las mujeres han aumentado su participación en el mercado laboral, con una tendencia creciente, persisten principalmente dos problemas: el primero, que sus empleos son de “baja calidad”, con desprotección social y menor nivel de ingresos que los de los hombres; y el segundo, que aún continúan siendo las mujeres quienes realizan la mayor parte del trabajo doméstico no remunerado, lo cual implica una doble carga laboral y fortalece los estereotipos de género. Todas estas tendencias se alimentan entre sí a la manera de un círculo vicioso, lo cual se ve representado en las cifras: por ejemplo, la tasa de empleo femenina (proporción del total de mujeres que se encuentra ocupada) es del 34%, representando sólo el 43% del total de la PEA (población económicamente activa); la tasa de desempleo femenina muestra que las mujeres constituyen más de la mitad de los desocupados en la Argentina; a su vez, la tasa de subempleo (trabajar menos de 35 horas semanales y desear trabajar más horas) también es superior en las mujeres; y, finalmente, la tasa de trabajo informal es del 39% del total de las mujeres asalariadas, frente al 31% de los hombres[1].  
¿Qué significa segregación horizontal? Es la concentración de gran parte de las ocupaciones femeninas en ramas de la actividad productiva consideradas de menor valor. El 41% de las mujeres que trabajan lo hacen en ramas como los “Hogares Privados con servicio Doméstico”, los “Servicios Sociales y de Salud”, y la “Enseñanza”. ¿Y la segregación vertical? Es el llamado “techo de cristal”, que impide que las mujeres accedan a lugares de jerarquía en sus trabajos a la par que los varones. La proporción de mujeres en el total de puestos directivos es del 36%. Estas dos características de la discriminación hacia las mujeres en el ámbito laboral dan lugar a la persistencia de la desigualdad en la división sexual del trabajo reproductivo y doméstico. La llamada brecha de género (diferencia existente entre los salarios de los hombres y los de las mujeres, expresada como un porcentaje del salario masculino) muestra que, en promedio, las mujeres cobran un 25% menos que los hombres.
La doble carga laboral es otro aspecto de la desigualdad en la división sexual del trabajo, que se refiere a la suma del trabajo en el mercado (remunerado) más el trabajo doméstico y de cuidado (no remunerado). En la provincia de Buenos Aires, las tasas de participación en las distintas actividades se reparten de la siguiente manera:

Mujeres
Hombres
Trabajo en el Mercado
36%
58%
Trabajo Doméstico
93%
66%
Trabajo de Cuidado
31%
20%
En todas las edades se mantiene la tendencia de que la mujer dedique muchas más horas que el hombre al trabajo doméstico y de cuidado.
A su vez, las desigualdades de género en la distribución de los tiempos de trabajo son más intensas en los sectores de menores ingresos. Esto es, para ser claras, opresión de género y opresión de clase. En Mar del Plata la mayoría de las empresas no cumplen con la normativa de instalar guarderías cercanas a los lugares de trabajo (que se encuentra dentro de la Ley de Contratos de Trabajo), entonces las trabajadoras que tienen hijos o hijas se ven obligadas a buscar otros lugares donde los y las cuiden mientras ellas trabajan. La oferta pública de cuidado infantil es escasísima y se encuentra localizada casi exclusivamente en el centro de la ciudad, y el círculo vicioso vuelve a girar.
Por otra parte, es urgente e insoslayable el problema de la gran cantidad de casos de violencia de género, llegando al extremo del femicidio, en nuestro país y en nuestra ciudad. Según fuentes municipales, se reciben unas 700 denuncias por violencia de género cada mes en Mar del Plata. Los casos de asesinato de mujeres por parte de hombres nos alarman y entristecen, como por ejemplo lo acontecido con Miriam Flurin hace dos semanas. En Mar del Plata, como en cada rincón del país, se realizarán actos y marchas por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Y lo hacemos porque en la calle es nuestra forma de seguir luchando, porque todavía falta y no vamos a bajar los brazos. Patria Grande sale a la calle contra el patriarcado y por la construcción de un feminismo popular, sólo de esa manera es posible crear el socialismo del siglo XXI.






[1] Datos de 2011. Fuente: ACTIS DI PASQUALE, Eugenio y  ASPIAZU, Eliana, “La persistencia de las brechas de género en el mercado laboral argentino. Algunas reflexiones para el debate”, UNICEN, marzo 2013. En base a la Encuesta Permanente de Hogares y la Encuesta del Uso del Tiempo.

Fotos: Angie Barbadillo