A 39 años del Golpe Cívico-Militar.

Avances, retrocesos y deudas con la democracia.

Por Eduardo Layus del espacio de Derechos Humanos de Patria Grande.

En los próximos días se cumplen 39 años del comienzo de la Dictadura Cívico-Militar, que instituyó en nuestro país el Terrorismo de Estado y sentó las bases del modelo neoliberal que se consolidó en la década del 90 con las presidencias de Carlos Menem y Fernando De la Rúa, que llevó a nuestro país a la peor crisis de su historia en el año 2001.

El rol del imperialismo norteamericano en las Dictaduras del Cono Sur

Con la llegada violenta de Videla y Martínez de Hoz al poder, nuestro país se sumó a la triste lista de países que, en el marco del Plan Cóndor impulsado, diseñado y financiado por los Estados Unidos, asoló Nuestramérica. En el contexto actual que vive nuestro Continente es fundamental tener presente y vivo en la memoria el rol del imperialismo norteamericano en la institución de los procesos dictatoriales y del neoliberalismo en nuestros países, porque con remanidos discursos hoy atravesamos amenazas e iniciativas que vuelven a poner en escena el intervencionismo norteamericano, y su afán expansionista.

En ese sentido, no se pueden obviar las sanciones impuestas por el Presidente Barack Obama (Premio Nobel de la Paz, para mayor ironía) a funcionarios del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Estado soberano al cual ha calificado como una “amenaza inusual y extraordinaria para la Seguridad Nacional”, como así tampoco pueden pasarse por alto las ofensivas reaccionarias y conservadoras contra los Gobiernos que, con sus matices y diferencias, han intentado desarrollar un camino de autonomía frente al poder Imperial, y de reforzamiento de la unión de Nuestramérica. Remarcamos esto, porque este tipo de resoluciones son conocidas porque preceden a diversas formas de desestabilización de los Estados Unidos contra nuestros países, y es necesario estar alertas para evitar, con organización y solidaridad, que el Imperialismo intente posar sobre nuestras tierras sus sucias botas manchadas de sangre.

El castigo a los Genocidas: avanzar contra los autores civiles del Genocidio.

Desde la “Marcha del No” contra los indultos de Menem, allá por 1989, nuestro Pueblo fue construyendo el sentido de la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos por el Terrorismo de Estado, sentido éste que, en el devenir de la década del 90 en el marco de las luchas contra el neoliberalismo, formó parte de todas las reivindicaciones y exigencias de los sectores populares.

A partir del año 2003, esta exigencia de “Juicio y Castigo” fue asumida por el Estado nacional y el Gobierno de Néstor Kirchner, a partir del acto simbólico de descolgar el cuadro de Videla y avanzar en la anulación de las Leyes de Impunidad, en base al proyecto de derogación de las Leyes Obediencia Debida y Punto Final presentado por la Diputada (mandato cumplido) Patricia Walsh; política ésta continuada durante los dos mandatos de la Presidenta Cristina Fernández.

Así, el hecho de que más de 2.624 personas, entre civiles y personal de las fuerzas armadas y de seguridad, estén involucradas en causas vinculadas con el terrorismo de Estado al día de hoy, y el hecho de haber más 250 juicios en marcha y/o realizados, ubica a nuestro país en la vanguardia internacional en la persecución penal de estos delitos. Todo esto es para nosotros y nosotras un orgullo y una conquista que, entendemos, deberemos profundizar y continuar durante los próximos años, contra los intentos de los sectores conservadores de nuestro país que vuelven a insistir con la idea de la reconciliación y el perdón de los Genocidas.

Pero a pesar de estos avances conquistados, observamos con preocupación, y rechazamos, las dilaciones y negativas de sectores de la Justicia Federal que se rehúsan a avanzar en el juzgamiento de la pata civil de la Dictadura, de aquellos que promovieron la instauración del modelo neoliberal. Porque, como bien indicó Rodolfo Walsh en su conocida “Carta Abierta”, “(...) En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. (…)”.

Así, la falta de mérito resuelta en tiempo record respecto a Pedro Blaquier por la “Noche del Apagón” en el Ingenio Ledesma de Jujuy, al igual que la negativa a indagar a los dueños del Grupo Clarín y del diario La Nación por su responsabilidad en la apropiación de “Papel Prensa”, así como también la falta de mérito dictada en la causa que se le seguía Vicente Massot dueño y director del diario de Bahía Blanca “La Nueva Provincia”, bastan como “botón de muestra” de las dificultades que vamos a enfrentar para lograr el juzgamiento de quienes promovieron y se beneficiaron con el terrorismo de Estado.

En nuestra ciudad, durante este año esperamos se realice el juicio por la llamada “Causa CNU”, en la cual se deben juzgar los crímenes cometidos por la Concentración Nacional Universitaria –banda que, una vez iniciada la Dictadura, se incorporó a la Triple A-, en venganza por la muerte de Ernesto Piantoni, la mano derecha en Mar del Plata de José López Rega. En relación a esta causa, no podemos menos que expresar nuestra preocupación en las dilaciones que vienen sucediendo en la misma y por los atentados que sufrieron las dos librerías (una en La Plata y otra en nuestra ciudad) en las cuales se presentó el libro “La CNU” de  Daniel Cecchini y Alberto Elizalde Leal, hechos que son una muestra clara de la impunidad con la cual sigue actuando.

Terminar con la herencia neoliberal es el mejor homenaje a nuestros caídos

A pesar de todo lo que se ha avanzado en estos últimos 10 años en materia de juzgamiento del Terrorismo de Estado, la desaparición de Jorge Julio López, la de Luciano Arruga y su aparición como “NN” 5 años y 8 meses después de iniciada su búsqueda, así como la gran cantidad de muertos por Gatillo Fácil desde la vuelta de la Democracia y las torturas y vejaciones que se siguen padeciendo en los lugares de detención, son indicadores de la pervivencia, en distintos estamentos de los Estados Nacional y Provinciales, de personas, prácticas y discursos que nada tienen que ver con la Democracia y el respeto de los Derechos Humanos.

Por esas razones, entendemos que el mejor homenaje que podemos hacer hoy a los compañeros y compañeras desaparecidos por la Dictadura Cívico-Militar es apoyar y exigir transformaciones de fondo del aparato represivo de los Estados Nacional y Provinciales, así como también la desarticulación de las políticas de criminalización de la protesta social, expresadas en los más de 4000 procesados por defender sus derechos en todo el país, y terminar con el andamiaje jurídico que aún pervive de la Dictadura, dentro del cual la Ley de Entidades Financieras es quizá su muestra más cabal.

Porque no olvidamos, no perdonamos ni nos reconciliamos, y continuamos la lucha por el Socialismo, el Socialismo del Siglo XXI: popular, democrático, nuestroamericano y ecosocialista.