LA SEGURIDAD COMO DERECHO

Algunos aportes a la discusión sobre la (In)seguridad y la Policía Local

Si hay algo que se destaca en estos tiempos plagados de incertidumbres es que la cuestión de la (in)seguridad está instalada en el centro de la batalla política.  Los Partidos Políticos tradicionales se rasgan las vestiduras por conseguir mayor “clientela electoral” que la inseguridad les ofrece. El gobernador Scioli y el Ministro de Seguridad, Alejandro Granados, ante la inexistente fuerza social territorial que los sustente, buscan garantizar su presencia en las calles de la mano de la estructura armada de la Policía Bonaerense. Por eso que este año, con el inconstitucional decreto de emergencia en seguridad, ampliaron en forma descomunal la institución Policial, que nuevamente aumenta su fuerza operativa y difusión en las calles. Pero la policía no es solo una fuerza represiva, sino un ente recaudador, que permite generar “cajas” para el poder político y policial. Así, más policías sin cambios estructurales significan más “cajas” que sustentan y generan el delito, como así también mayor violencia en el territorio.

Sin embargo, partiendo de este contexto, todo intento de reforma policial o del sistema de seguridad, se hace desde la óptica (simplista a nuestro entender) del incremento de la inseguridad como mero aumento de hechos delictivos.

Sumado a esto, no se puede dejar de señalar que las operaciones mediáticas fueron construyendo fuertes cambios en el tratamiento de la “noticia policial” con el propósito de instalar y naturalizar un estilo narrativo sensacionalista que no hace más que reforzar la estigmatización de la pobreza, apuntando principalmente a la juventud y a los inmigrantes. Se hace necesario entonces mecanismos de regulación de la noticia policial, con la misión de construir una comunicación no violenta.

Estas miradas, que dan cuenta de la inseguridad a partir de la criminalización de la pobreza, pierden de vista que gran parte de los delitos (económicos, financieros, sexuales, etc.) involucran a sectores sociales de alto poder político y económico.

Sin embargo, las “causas estructurales” de la inseguridad no pueden ser entendidas por fuera de los grandes negociados actuales (ilegales o informales) que forman parte del “modelo”: el lavado de dinero, la economía en negro, la trata de personas, el narcotráfico, los excedentes del agronegocio; como así tampoco del negocio de la seguridad privada, del fútbol, del financiamiento de los partidos políticos tradicionales, etc. Si a eso le sumamos la violencia potencial que engendra una sociedad que pondera el acceso a ciertos bienes de consumo como sinónimo de bienestar, y ha construido buena parte de sus identidades en esa relación con el mercado, las condiciones para un marco violento están dadas.

En suma, los negocios millonarios y el papel de las fuerzas de seguridad (sumado al de ciertos funcionarios políticos) constituyen el nudo mafioso –y menos visible- de ese pedazo de realidad que nombramos a diario con la palabra inseguridad. Por eso, los discursos que alientan las medidas represivas como la única solución no hacen más que reforzar la idea de peligro, de miedo, la estigmatización y la segmentación social, y mantienen a salvo y aisladas las verdaderas causas de este fenómeno.

Dentro de este escenario, tras el fracaso de Acción Marplatense en su intento por crear una Policía Municipal autónoma de la Policía Bonaerense, hace varios días que en la Comisión de Legislación y en el Concejo Deliberante se están discutiendo los pormenores para la puesta en marcha de la Policía Local. Es importante entender que, introducir en la ciudad de Mar del Plata 700 efectivos policiales, puede conducir a los territorios más vulnerables a vivir acrecentamientos de la violencia que todavía no conocemos. El desmadre está al alcance de la mano.

La comisarización de la política vs. modelo de seguridad democrática.

El proyecto de ordenanza en tratamiento para la creación de la Policía Local, que adhiere al régimen de Policía Local dictado por decreto por el Gobernador Scioli está, en parte, "atado de manos" para plantear discusiones estructurales y de fondo sobre la creación de esta fuerza de seguridad.

De todas maneras, dentro del margen que queda a los municipios, entendemos que en el caso de la ordenanza de Mar del Plata existen avances, respecto a la formación que reciba el cuerpo policial en la Escuela Municipal de Seguridad Local, como así también en relación a la importancia del análisis e investigación tanto de la actuación policial como de los delitos y las violencias.

No obstante, son preocupantes varios aspectos, entre ellos que no se prevea la limitación temporal al horario de trabajo para la portación del arma reglamentaria. Esto significa mantener el estado policial permanente, sabiendo que muchos homicidios los cometen policias fuera de su horario de trabajo con las armas reglamentarias. También consideramos alarmante el hecho de que la Municipalidad solo elija al Jefe para la fuerza y la dependencia laboral siga en manos del Ministerio de Seguridad provincial, quien gestiona la Policía Bonaerense, una de las más violentas del país.

Así mismo, el control de la Policía Local que incluye la ordenanza es desterritorializado, en abstracto, porque en los barrios populares, donde existe la mayor afectación de la violencia policial, no habrá nadie que ponga los frenos necesarios. Si el Estado Municipal no genera ocupación social, es decir, equipos de trabajo idóneos que trabajen las conflictividades antedichas, la Policía Local no va a ser efectiva cuanto al descenso de los niveles de violencia.

Nos preocupa que después de varios años de tomar medidas en relación a la seguridad, el Gobierno Local solo las haya hecho en el sentido policialista de siempre y sin tener un plan explícito a largo plazo, que es como deberían planificarse todas las políticas públicas, sea cual fuere su competencia. Un proyecto de seguridad que focaliza en la intervención policial y no logra entender la problemática y el entramado de conflictividades que generan violencia, administra y maneja la política de seguridad como lo hacen las comisarías, no se recupera la conducción política, sino que se policializa la conducción que se propone.

La mayoría de las muertes violentas en la ciudad, expresan que no hay mecanismos efectivos ni inmediatos para destrabar conflictividades entre grupos y personas, conflictividad que se va profundizando a lo largo de los años. La policía llega después de que se concretó la violencia y los mecanismos para evitarla directamente no existen.

Es así que, ampliar la visión sobre la violencia en la ciudad, en relación a lo que propone el Modelo de Seguridad Democrática, consiste en invertir fuertemente en el desarrollo social. Lo acotado de la perspectiva municipal se refleja diariamente en las calles, que cada día se ven más saturadas de policías. El Estado organiza esos procesos de saturación, como el megaoperativo “SOL”, pero no organiza megaoperativos sociales para abordar las conflictividades diarias, que seguro resulten más pacificadores y menos costosos. Con dispositivos (oficinas con profesionales idóneos y referentes territoriales) ubicados en las barriadas, que tengan como misión fundamental abordar los distintos y diversos derechos que son cotidianamente vulnerados, en relación a las problemáticas penales, de indocumentación, condiciones habitacionales, de violencia institucional, violencia de género y seguridad social y laboral, entendemos que se conseguirán mejores resultados.

Estos dispositivos deberían asesorar, organizar en forma efectiva las problemáticas que le lleguen y motorizar la articulación interinstitucional necesaria para resolverlas. En fin, crear un puente de acceso a la Justicia Social a las barriadas de la ciudad.  

La política de seguridad municipal no logró trascender la visión policial de la problemática criminal, mucho menos aún logró hacer efectivos abordajes integrales de las situaciones de violencia y derechos vulnerados en la ciudad de Mar del Plata. Cuando desde el Municipio se plantea hacerse cargo de esa política, se arrastra la idea de considerar que la seguridad es igual a la policía, perdiendo en el camino, que la seguridad entendida como derecho significa mayor acceso a la justicia, mayor acceso al Estado.

Sin un Municipio que se inmiscuya en las culturas y dinámicas sociales de las barriadas de la ciudad, y co-gestione con ellas las conflictividades que de ellas emergen, la violencia será una constante que siga en aumento. Desde Patria Grande, entendemos que a la seguridad como un derecho hay que bailarla al ritmo de la cumbia y sin gorra.

Eugenia Tommasi del Movimiento Popular Patria Grande, Abogada y trabajadora judicial.